En qué consiste el delito de amenazas


El delito de amenazas está tipificado como tal dentro del código penal. Se entiende como delito de amenazas a aquel acto que pueda ir en contra de la tranquilidad personal en el normal desarrollo de la vida.

De este modo, como decimos, este delito de amenazas se recoge en el Capítulo II del Título VI del Libro II del Código Penal de 1995, artículos 169 a 171.

Según el Tribunal Supremo, “el delito de amenazas, de mera actividad, constituye una infracción contra la paz individual y contra la libertad, pues, mediante aquéllas, se impone al sujeto pasivo realizar un acto o cumplir con una condición en contra de su voluntad. Descansa, fundamentalmente, en la conminación del mal, en un amedrentamiento a través o por medio de actos o conducta determinada, en adecuada relación de causa a efecto”.

 

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La ley recoge distintos grados de amenazas y la pena variará en función de si son amenazas agravadas o menos graves. La pena de este tipo de acciones está sancionada con prisión y puede oscilar de 1 a 5 años. En el caso de que las amenazas vayan condicionadas por peticiones de dinero, por ejemplo, la pena se elevará a entre 2 a 6 años de prisión si no se impone ninguna condición.
La gravedad de las penas se determinará en función de las circunstancias que se den y se agravarán si se realizan por teléfono o cualquier otro medio de comunicación, así como cuando estén dirigidas contra una multitud de personas.
La ley recoge distintos grados de amenazas y la pena variará en función de si son amenazas agravadas o menos graves. La pena de este tipo de acciones está sancionada con prisión y puede oscilar de 1 a 5 años. En el caso de que las amenazas vayan condicionadas por peticiones de dinero, por ejemplo, la pena se elevará a entre 2 a 6 años de prisión si no se impone ninguna condición.
Hay que tener en cuenta que las amenazas se pueden producir con o sin armas y este aspecto también acabará por determinar la gravedad de la pena impuesta así como la relación que mantengan el agresor y la víctima si son o no son familia, pareja, etc

 

Artículo 169.

El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado:

1.º Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años.

Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos.

2.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido condicional.
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Artículo 170.

Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, o a un amplio grupo de personas y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán, respectivamente, las penas en grado a las previstas en al artículo anterior.
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Artículo 171.

1. Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere en una conducta debida. Si el culpable hubiere conseguido su propósito se le impondrá la pena en su mitad superior.

2. Si alguien exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años, si ha conseguido la entrega de todo o parte de lo exigido, y con la de seis meses a dos años, si no lo consiguiere.

3. Si el hecho descrito en el apartado anterior consistiere en la amenaza de revelar o denunciar la comisión de algún delito, el Ministerio Fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito con cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere sancionado con pena de prisión superior a dos años. En este último caso, el Juez o Tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados.

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