Acoso y derribo al “porno de la venganza”


Los derechos a la intimidad, el honor o la propia imagen están reconocidos en la inmensa mayoría de países del mundo como derechos fundamentales de la persona y, por tanto, su vulneración es recogida en las legislaciones nacionales y perseguida por los tribunales de justicia. Aún así, la proliferación de nuevas tecnologías de la comunicación y la información ha hecho necesario el desarrollo de leyes específicas que hagan frente a determinados actos muy concretos: es el caso del llamado “porno de venganza” al que Estados Unidos y Japón ya están poniendo coto.

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Es muy frecuente que personas despechadas cuelguen en la red o difundan a través de cualquier otro medio imágenes íntimas de carácter erótico y/o pornográfico de sus ex parejas. Es un acto que evidentemente daña a la víctima y que es perseguido por la ley: “porno de la venganza”. Pero a partir de ahora también las plataformas que alberguen este tipo de contenidos podrán ser responsables.

Es el caso de Kevin Bollaert, un joven de 28 años administrador del sitio web Ugotposted donde cualquiera podía colgar este tipo de imágenes de sus exparejas las cuales, además, debían pagar para poder retirarlas. Sin embargo la nueva legislación del Estado de California ha permitido a un tribunal de San Diego condenar a Bollaert a 18 años de cárcel dejando en evidencia lo caro que puede resultar explotar a personas a través de internet.

Esta legislación podría extenderse más pronto que tarde a otros Estados estadounidenses y, por extensión, al mundo entero donde ya son muchos los parlamentos que estudian cómo afrontar este problema de forma eficaz. El primero podría ser el Estado de Maryland donde uno de los impulsores de esta ley, el demócrata Sam Arora, ha manifestado como “el porno de la venganza destroza vidas. Lo hemos visto en las audiencias previas a la elaboración de la ley. Las víctimas, en su mayoría mujeres, narraban cómo esto les había hundido para siempre”.

También Japón se ha puesto manos a la obra a partir de una legislación específica para este tipo de delito que fue aprobada el pasado mes de noviembre y que ya ha permitido identificar 110 webs que albergaban y explotaban este tipo de contenidos donde el 99% de víctimas eran mujeres. La nueva ley nipona castiga estos actos delictivos con penas de prisión y multas obligando además a los proveedores de internet a eliminar todos estos contenidos.


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