El descubrimiento y revelación de secretos: un delito para casos diversos


A menudo, tendemos a simplificar, especialmente en materias tan densas y técnicas como la economía o la legislación sin embargo, bajo una misma denominación, suelen esconderse situaciones y casos muy diversos. Esto precisamente es lo que ocurre con el delito de descubrimiento y revelación de secretos que contempla a diferentes sujetos pasivos, diferentes casos, diferentes penas y también diferentes situaciones específicas que agravan el delito.

Bajo el epígrafe Delito de descubrimiento y revelación de secretos recogido en el Capítulo 1 del Título X del Código Penal español (Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio), los artículos 197 a 201 contemplan diferentes modalidades delictivas todas ellas unidas por el objetivo de proteger la intimidad documental y de las conversaciones o comunicaciones, de los secretos y del derecho a la propia imagen, así como los secretos de las personas jurídicas.

ciberdelitos

Las distintas modalidades delictivas que contempla este delito de descubrimiento y revelación de secretos son:

  • Art. 197.1: violación del secreto de la correspondencia, escuchas ilegales y captación de imágenes, castigado con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
  • Art. 197.2: sustracción, utilización o modificación de datos de carácter personal, castigado con penas similares al anterior.
  • Art.197.3: difusión, revelación o cesión a terceros de datos, hechos o imágenes captadas ilegalmente. En este caso estamos ante un agravamiento de la pena que supondrá penas de prisión ligeramente superiores (de dos a cinco años).
  • Art. 199: revelación de secretos ajenos.
  • Art. 200: descubrimiento, revelación o cesión de datos reservados de personas jurídicas.

El delito de descubrimiento y revelación de secretos protege tanto a personas físicas (particulares) como jurídicas (organizaciones o empresas), con independencia del tipo de soporte ya sea en formato físico como las cartas, los recibos o las facturas, ya sea en formato electrónico como el propio correo electrónico y los mensajes SMS, y contempla también una serie de agravantes que elevan las penas antes expuestas como que el delito se haya cometido con fines lucrativos, que se hayan revelado aspectos de carácter personal como la ideología, las creencias, la salud, la sexualidad, etcétera de la persona o personas afectadas o que el sujeto autor del delito ostente la condición de autoridad o funcionario público.

 

 


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