La protección de los datos informáticos de la empresa según nuestro Código Penal


Con los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones actuales, cada vez son más las compañías que cuentan con todos sus datos informatizados, muchos de ellos en la llamada “nube”, accesibles desde cualquier dispositivo. A pesar de las medidas de seguridad que todas las empresas deben implementar para proteger sus archivos, ninguna está libre de que éstos sean manipulados, robados e incluso vendidos/cedidos a la competencia no sólo por personal ajeno si no también por parte de integrantes de la propia organización.

El Código Penal español resulta muy claro al respecto considerando este tipo de acciones como un delito grave sancionado con severas penas. Así, en su artículo 264 referido al delito de daños de daños informáticos, se establecen penas de entre 6 meses y dos años de prisión para quien “por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave.”

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Un buen ejemplo de la protección que el Código Penal ofrece de los archivos informáticos de las empresas lo encontramos en la reciente sentencia emitida por una sala de lo penal de Barcelona. Dicha sentencia, aunque recurrida por el acusado ante la Audiencia de la capital catalana, considera probado que éste sustrajo información confidencial de la compañía con la intención de ponerla a disposición de la empresa a la que más tarde entró a formar parte.

El acusado, a pesar de haber firmado una cláusula de confidencialidad en su contrato, accedió deliberadamente a ficheros alojados en el servidor de la empresa y, desde su propio correo electrónico corporativo, envió toda una serie de datos confidenciales (listados de clientes, ofertas de proyectos, acuerdos de precios, etcétera) tanto a su email particular como al de una antigua empleada. Y todo ello lo hizo inmediatamente antes de abandonar de forma voluntaria la empresa para incorporarse a otra del mismo sector recientemente fundada por exempleados de la primera.

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Considerando probados los hechos, la juez del caso ha impuesto al acusado una severa pena de multa de 6000 euros y prisión de 3 años -lo que implica que, aún careciendo de antecedentes penales, deberá entrar en prisión- en base a considerar la información sustraída de “vital importancia para la mercantil y, por tanto, de secreto de empresa, pues resulta de gran utilidad para las empresas de la competencia y, sobre todo, para una de nueva creación”.


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