Cámaras espía, ¿cuándo es legal su uso?


Desde que comenzó a extenderse el uso de cámaras en diferentes espacios el debate sobre su idoneidad y legalidad es una constante susceptible de diferentes interpretaciones por parte de los tribunales de justicia y en base a distintos factores. A pesar de ello, existe una legislación bastante clara que regula el uso de este tipo de cámaras tanto en la vía pública como en espacios de trabajo. Tienda de Venta de cámaras espía

Cámaras espía en la vía pública

La instalación y uso de cámaras en espacios públicos ha generado una gran controversia; ¿recordáis aquel slogan de Metro Madrid que decía “Más de mil cámaras velan por tu seguridad” y que incluso dio lugar a una película?

En nuestro país, sólo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen potestad para instalar cámaras de vigilancia en la vía pública, es decir, en calles, plazas, etc. El objetivo es evidente: actuar como factor disuasorio de posibles delincuentes y delitos así como facilitar la investigación de hechos delictivos que ya se han producido, por ejemplo, permitiendo la identificación del delincuente e incluso descubrir una falsa denuncia de robo con la que se quiere estafar a una compañía aseguradora.

Cámaras espía en centros de trabajo

El debate sobre la instalación y uso de cámaras de vigilancia se complica cuando nos referimos a los centros de trabajo pues aquí entran en juego los derechos individuales de los trabajadores como el derecho a la imagen, la intimidad, etc.

Aún así, es necesario advertir que la instalación de cámaras en centros de trabajo es totalmente legal, ya sea con la intención de proteger a los trabajadores y/o clientes, ya sea con el objetivo de vigilar que los empleados cumplen con sus tareas laborales.

Pero también hay excepciones. En este sentido, y por regla general, clientes, usuarios y trabajadores deberán ser notificados de que serán grabados. Por otro lado, aún formando parte del centro de trabajo, no se podrán instalar cámaras ni en baños ni en vestuarios, lo que atentaría directamente contra el honor, la dignidad y la imagen del sujeto grabado.

Validez judicial de estas grabaciones

Considerando que no existe una legislación específica al respecto, podemos concluir que, tanto en la vía pública como en espacios de trabajo, las grabaciones obtenidas podrían ser aceptadas como prueba, siempre y cuando cumplan los requisitos anteriores. Pero, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con grabaciones obtenidas por cámara oculta, es decir, sin haber notificado previamente al sujeto grabado?

Es en este momento donde, una vez más, surgen las complicaciones interpretativas si bien podemos fijar una serie de condiciones que darían validez a estas grabaciones como prueba. En primer lugar, que no atente contra ninguno de los derechos constitucionalmente reconocidos. En segundo lugar, cuando se demuestre que era imposible demostrar un delito por otra vía diferente a la instalación de una cámara oculta.Y en tercer lugar, el contenido grabado debe presentar una realidad absoluta y un delito evidente.


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